ANTEPROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES... 8


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1 ANTEPROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES... 8 Artículo 1. Objeto de la Ley Artículo 2. Principios rectores TÍTULO I. OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Artículo 3. Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética Artículo 4. Planificación para la transición energética y el cambio climático TÍTULO II. ENERGÍAS RENOVABLES Artículo 5. Impulso al desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable Artículo 6. Principios rectores en materia de energía de origen renovable TÍTULO III. REDES ENERGÉTICAS Artículo 7. Planificación de la red de transporte de electricidad Artículo 8. Red de transporte Artículo 9. Redes de distribución de energía eléctrica cerrada Artículo 10. Redes extrapeninsulares TÍTULO IV. TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y COMBUSTIBLES Artículo 11. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos Artículo 12. Subsidios y desinversiones en combustibles fósiles Artículo 13. Fomento del biometano y de otros combustibles sintéticos de origen renovable Artículo 14. Fomento de biocarburantes en el transporte aéreo TÍTULO V. MOVILIDAD Y EDIFICACIÓN Artículo 15. Promoción de movilidad sin emisiones Artículo 16. Obligación de instalación de puntos de recarga eléctrica Artículo 17. Eficiencia energética en materia de urbanismo y edificios TÍTULO VI. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN JUSTA Artículo 18. Adaptación al Cambio Climático Artículo 19. Informes sobre riesgos climáticos y adaptación Artículo 20. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión hidrológica Artículo 21. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión de la costa Artículo 22. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión de las infraestructuras de transporte Artículo 23. Protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático Artículo 24. Uso del suelo, cambios de uso del suelo, política forestal y desarrollo rural Artículo 25. Transición Justa

2 TÍTULO VII. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Artículo 26. Objetivos de la fiscalidad ambiental Artículo 27. Movilización de recursos públicos destinados a la lucha contra el cambio climático Artículo 28. Contratación pública Artículo 29. Empresas cotizadas y sector financiero TÍTULO VIII. GOBERNANZA Artículo 30. Comité de Cambio Climático y Transición Energética Artículo 31. Aprobación de planes autonómicos y locales de energía y clima Disposición adicional primera. Fondo Nacional Eficiencia Energética Disposición adicional segunda. Estatuto de consumidores electrointensivos Disposición derogatoria única. Derogación normativa Disposición final primera. Títulos competenciales Disposición final segunda. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario de prescripciones de eficiencia energética y bajas emisiones de gases de efecto invernadero Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA Disposición final quinta. Procedimiento para la movilización de recursos públicos destinados a la lucha contra el cambio climático y metodología de imputación de los gastos para determinar su impacto sobre el cambio climático Disposición final sexta. Modificación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana Disposición final séptima. Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible Disposición final octava. Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno Disposición final novena. Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia Disposición final décima. Desarrollo reglamentario Disposición final undécima. Entrada en vigor

3 I El informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicado el 8 de octubre de 2018, relativo a los impactos de un calentamiento global de 1,5ºC sobre los niveles preindustriales y las trayectorias de gases de efecto invernadero para limitar dicho calentamiento, hace un llamamiento inequívoco a la acción. Es la nueva referencia para toda la sociedad, su mensaje es claro en cuanto al origen del calentamiento global. Las actividades humanas son las responsables de un aumento de las temperaturas globales de aproximadamente 1 C sobre el nivel preindustrial y señala que al ritmo actual, el aumento de 1,5ºC se alcanzará entre 2030 y En el caso de España, este aumento de la temperatura es superior a la media en casi 0,5ºC. El informe describe detalladamente las consecuencias de un calentamiento global de 1,5ºC: recrudecimiento e intensificación de la frecuencia de los fenómenos climatológicos extremos, aumento del nivel del mar, deshielo, empobrecimiento en recursos hídricos, disminución de la producción agrícola, acentuación de las amenazas a la biodiversidad marina y terrestre, daños para la salud de las personas, pérdidas económicas e incremento de la pobreza y de la desigualdad, entre otros. También señala que cumplir el objetivo es posible, pero requiere que se adopten políticas públicas precisas y se realicen inversiones bien orientadas. Los próximos diez años van a ser determinantes para poder tener éxito y preservar nuestra seguridad. Sobrepasar el límite de 1,5ºC dependerá de las acciones de lucha contra el cambio climático que lleven a cabo todos los actores, no solamente los Gobiernos, sino también el sector privado y el resto de la sociedad. Retrasar decisiones supondría asumir más costes, más injustamente distribuidos y renunciar a oportunidades de modernización de nuestra economía y de nuestra sociedad. El marco internacional ya está definido, el Acuerdo de París de 2015, junto con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, marcan el inicio de una agenda global sostenible, de la transformación del modelo económico y de un nuevo contrato social de prosperidad inclusiva dentro de los límites del planeta. Si bien para alcanzar sus objetivos es necesario que los países trabajemos en las agendas 3

4 nacionales para establecer objetivos nacionales ambicioso y políticas y medidas que faciliten un desarrollo sostenible y la descarbonización de las economías. II La senda actual de emisiones lleva a puntos de no retorno para las personas, el medio ambiente y la economía, donde, además, el margen para la adaptación se acorta. La Unión Europea, principal impulsora de la respuesta internacional frente a la crisis climática desde 1990, ya se ha dotado de un marco jurídico amplio que le va a permitir mantenerse a la vanguardia en la transición de la energía limpia, y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París, al igual que lo han hecho muchos de sus Estados miembros. España debe adoptar un marco regulatorio adecuado que le permita desacoplar de forma definitiva el crecimiento de la economía española con las emisiones de gases de efecto invernadero. Un marco instrumental para facilitar la transición energética y una economía plenamente descarbonizada. Este marco debe constituir una respuesta institucional sólida, estable y solidaria para España, que evite costes para los más vulnerables, favorezca un cambio justo y equitativo y acelere de forma solvente la coherencia en los marcos de acción sectoriales, permitiendo aprovechar las oportunidades que esta transformación implica. La aprobación de una ley de cambio climático y transición energética es una oportunidad para facilitar consensos y actualizar la manera en la que los distintos actores cooperan en pos del interés general. III La ley tiene las siguientes finalidades: La primera, poner en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro. Para ello, debe asegurar la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en España para 2050 y un sistema energético eficiente y renovable; a través de objetivos para 2030 y 2050 y de las herramientas que favorezcan la previsibilidad y den las señales económicas adecuadas. El punto de partida de la transición energética es la consideración de que el actual modelo energético de nuestro país no es sostenible, muy especialmente desde la perspectiva de la responsabilidad hacia el cambio climático y también 4

5 por los graves impactos que la contaminación del aire produce sobre la salud humana. Un modelo energético basado en el carbón, el petróleo y las centrales nucleares es un modelo propio del siglo XX y no responde a las necesidades de la sociedad en el siglo XXI. Es necesario reconsiderar el papel que juegan los combustibles fósiles en nuestra economía, desde el punto de vista del sector de generación de electricidad y en nuestros patrones de consumo, vivienda y movilidad. Se requiere una transformación profunda del sistema energético, de las formas en las que se edifica y de las pautas en movilidad en las ciudades y en el transporte. Entre las herramientas necesarias destacan la importancia de un sistema fiscal bien diseñado, que incentive las prácticas beneficiosas y grave aquellas que perjudican al medio ambiente; un sistema financiero que entienda los retos y las oportunidades de una economía sin carbono y se responsabilice en la descarbonización, así como unas Administraciones Públicas que emprendan actuaciones bajas en carbono y sean capaces de integrar la variable del cambio climático en sus procesos de toma de decisiones. La segunda, garantizar la coordinación de las políticas sectoriales de manera que se asegure la coherencia entre ellas y se fomenten las sinergias en relación a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Entre las políticas transversales que deberán ser coherentes con los objetivos de la ley destacan: las políticas de I+D+i, en el marco de las Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación y en los correlativos Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, las políticas de información y comunicación sobre las características de productos y servicios, con objeto de facilitar un consumo bajo en carbono y responsable hacia el clima, y las políticas de educación, introduciendo el tratamiento del clima en los diversos itinerarios formativos de la educación formal e informal e impulsar la formación del profesorado en la materia. La tercera finalidad es garantizar la cohesión social y territorial de forma que se promueva una transición justa y solidaria de la economía española y se favorezcan las oportunidades del nuevo modelo descarbonizado. Además se deben identificar las medidas de acompañamiento que faciliten la resiliencia de España a los impactos del cambio climático. La protección hacia los más vulnerables significa que la adaptación es un imperativo para abordar los riesgos ecológicos, económicos y sociales derivados del cambio climático en España. Numerosos estudios, incluidos los propios del IPCC, coinciden en 5

6 señalar a la región mediterránea como una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio climático. Por ello, gestionar de manera responsable nuestro patrimonio común, el agua, los suelos, la biodiversidad, todos recursos escasos y frágiles es ineludible. La cuarta, poner en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana, el mejor entendimiento científico, y la coordinación entre las administraciones y las entidades sociales y económicas. IV Esta Ley consta de 31 artículos distribuidos en 9 Títulos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y once disposiciones finales. El Título preliminar contiene las disposiciones generales de la Ley, relativas al objeto y a sus principios rectores. El Título I recoge los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía española a 2030 y 2050: las emisiones del conjunto de la economía española en 2030 deberán reducirse en un 20% respecto a 1990 y en un 90% en 2050; además, en 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de 35%, alcanzar en 2030 un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos un 35% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. Dichos objetivos además serán revisables, sin que puedan suponer una disminución del nivel de ambición medioambiental y deberán reflejar la mayor ambición posible. Por otro lado, la Ley recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), que podrán incluir presupuestos quinquenales de carbono y la Estrategia de Bajas Emisiones a 2050 de la Economía Española. La Ley establece la obligación de que todos los sectores contribuyan con sus esfuerzos a la descarbonización de la economía. Los PNIEC deben recoger los objetivos sectoriales y las políticas y medidas para alcanzarlos de los siguientes sectores: los sectores que participan en régimen de comercio de derechos de emisión, las grandes industrias y el sector eléctrico y los sectores 6

7 difusos: agrario, forestal, transporte, residencial, institucional y comercial y gases fluorados. El Título II recoge las disposiciones relativas a las energías procedentes de fuentes renovables. Así, por un lado, se especifican las líneas que han de seguirse para el impulso al desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, y los principios rectores en materia de energía de origen renovable. El Título III incluye las disposiciones sobre las redes eléctricas: las redes de transporte de electricidad y gas, su planificación, las redes de distribución y las redes extrapeninsulares. El Título IV aborda las medidas relacionadas con los combustibles: la prohibición de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos; las cuestiones relacionadas con los subsidios y las desinversiones en combustibles fósiles; el fomento del biometano y de otros combustibles sintéticos de origen renovable inyectados en la red de gas natural; y el fomento de biocarburantes en el transporte aéreo. El Título V aborda las cuestiones relativas a la movilidad y edificación. En materia de movilidad sostenible, se establece el objetivo de alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Asimismo, se regula la obligación de instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes. Se prevé que los municipios de más de habitantes integren en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad. Por otro lado, el Gobierno estudiará la necesidad del establecimiento de la Euroviñeta y se recabará de los fabricantes de vehículos pesados nuevos la información relevante para la mejora de la eficiencia de los vehículos pesados. En cuanto a urbanismo y vivienda, destaca el mandato al Gobierno de elaborar una Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, así como programas de ayudas y mecanismos de financiación destinados a conseguir eficiencia energética en la rehabilitación de viviendas, con especial atención a los colectivos más vulnerables. El Título VI recoge las medias de adaptación y la transición justa. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) será el instrumento de planificación básico, y se deberá considerar los riesgos 7

8 derivados del cambio climático en la planificación y gestión hidrológica, de la costa y de las infraestructuras del transporte, así como en la biodiversidad y sus hábitats. En cuanto a la transición justa, la Ley recoge la necesidad de elaborar una Estrategia de Transición Justa y se crean los Contratos de Transición Justa. El Título VII aborda la movilización de recursos para la lucha contra el cambio climático y la transición energética. En primer lugar se señalan cuáles deben ser los objetivos de la fiscalidad ambiental. En segundo lugar, la Ley dispone que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. En tercer lugar, se define el uso de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y, en cuarto lugar, se da un mandato al Gobierno para que elabore una estrategia de financiación climática internacional con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos por España. Por otro lado, se incluirán una serie de medidas relacionadas con la contratación pública. Finalmente, se recogen las actuaciones que deben emprender las entidades privadas y el sector financiero y se prevé que el Banco de España elabore un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático. El Título VIII recoge los aspectos relacionados con la Gobernanza. Se crea el Comité de Cambio Climático y Transición Energética como órgano consultivo del Gobierno en materia de cambio climático y transición energética, que actúa con autonomía y plena independencia. Finalmente, se establece la aprobación de planes autonómicos y locales de energía y clima antes del 31 de diciembre de La Ley incluye, en último lugar, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y once disposiciones finales. TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto de la Ley. Esta Ley tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, acelerar la plena descarbonización de la economía española de modo que se garantice el uso racional y solidario de nuestros recursos y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo de calidad. 8

9 Artículo 2. Principios rectores. Las actuaciones derivadas de esta Ley y de su desarrollo se regirán por los principios reconocidos en el Derecho nacional, comunitario e internacional de aplicación en materia de energía y clima y, muy especialmente, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992, el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y la normativa europea, así como en los principios siguientes: a) Desarrollo sostenible. b) Descarbonización de la economía española, entendiendo por tal la consecución de un modelo socioeconómico sin emisiones de gases de efecto invernadero. c) Protección del medio ambiente, y aplicación del principio quien contamina, paga. d) Solidaridad entre personas y territorios. e) Protección de la salud. f) Protección de colectivos vulnerables, con especial consideración a la infancia. g) Igualdad entre mujeres y hombres. h) Mejora de la competitividad de nuestros sectores productivos. TÍTULO I. OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. Artículo 3. Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética. 1. Se establecen los siguientes objetivos nacionales para el año 2030 al objeto de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente asumidos y sin perjuicio de las competencias autonómicas: a) Reducir en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 20% respecto de

10 b) Alcanzar en 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de un 35%. c) Alcanzar en 2030 una sistema eléctrico con al menos un 70% de generación a partir de energías de origen renovable. d) Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos un 35% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. 2. Para el año 2050, con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente asumidos, y sin perjuicio de las competencias autonómicas, las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española deberán reducirse al menos en un 90% respecto del año 1990, con un sistema eléctrico basado exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. 3. Los objetivos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo podrán ser revisados mediante Real Decreto del Consejo de Ministros con los siguientes fines: a) Para cumplir con el Acuerdo de París, de acuerdo con las decisiones que tome la Conferencia de las Partes en su calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. b) Para cumplir con la normativa europea. c) Para adaptarlos a la evolución de los avances tecnológicos. d) A la luz de la concurrencia de elementos objetivos cuantificables que, motivadamente, lo aconsejen por motivos medioambientales, sociales o económicos. 4. La modificación de los objetivos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 3 representará un incremento del objetivo y senda vigentes, esto es, no podrá suponer una disminución del nivel de ambición medioambiental y reflejarán la mayor ambición posible. Artículo 4. Planificación para la transición energética y el cambio climático. 1. Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima serán aprobados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, previa consulta al Consejo Nacional del Clima. 2. Los informes de progreso sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica, se someterán al Consejo de Ministros periódicamente 10

11 para su toma en consideración. Dicha toma en consideración podrá conllevar la adopción por el Consejo de Ministros de cuantas medidas puedan ser precisas. El informe será publicado y remitido a la Comisión Europea. 3. Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima incluirán, al menos, el siguiente contenido: a) Los objetivos y contribuciones cuantitativas a nivel nacional y sectorial de reducción de emisiones de gases de gases de efecto invernadero y absorciones por los sumideros, de energías renovables y eficiencia energética, garantizando la contribución a estos objetivos de todos los sectores de la economía. b) Las políticas y medidas correspondientes para alcanzar esos objetivos. c) Cualquier otro objetivo, política o medida establecido en la normativa europea vigente sobre la estructura y contenido de los Planes. 4. Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima podrán incluir un presupuesto de carbono quinquenal, de carácter indicativo, coherente con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el cual se establecerá el volumen de carbono disponible para la economía española en su conjunto. 5. Los presupuestos de carbono, además de la cantidad total de emisiones permitidas para el conjunto de la economía, deberán indicar qué parte corresponde a los sectores cubiertos por el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y qué parte corresponde al resto de sectores. 6. El Gobierno aprobará una Estrategia de Bajas Emisiones a 2050, revisable cada 5 años, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, previa consulta al Consejo Nacional del Clima. La Estrategia de Bajas Emisiones a 2050 de la Economía Española constituye el instrumento de planificación indicativa que define la senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española hasta 2050, necesaria para cumplir con los objetivos señalados en el artículo 3. A tal efecto, incluirá, al menos, un objetivo intermedio de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero indicativo en

12 TÍTULO II. ENERGÍAS RENOVABLES Artículo 5. Impulso al desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. 1. Con la finalidad de alcanzar los objetivos de energías renovables en la generación eléctrica previstos en el artículo 3 de esta Ley, los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima incluirán medidas de promoción de la integración de energía procedente de fuentes renovables, que se realizará conforme a los principios de cooperación y colaboración con las administraciones autonómicas y locales. 2. Estas medidas concretarán, de forma ordenada y eficiente, las cuotas de penetración de energías renovables por periodos de cinco años que podrán dividirse, a su vez, en periodos de dos años y medio, que permitan concretar la planificación y producción de energía procedente de fuentes renovables. 3. Se habilita al Gobierno a desarrollar reglamentariamente nuevos instrumentos para el fomento de la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable que se otorguen mediante procedimientos de concurrencia competitiva, que podrán contemplar criterios de apoyo a la innovación tecnológica y gestionabilidad, cohesión social y territorial y transición justa hacia la descarbonización, y en los que el elemento central sea la energía o la potencia instalada. 4. El Gobierno desarrollará, durante el periodo , procedimientos de concurrencia competitiva para impulsar la construcción de un mínimo de MW de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, o una cantidad de energía procedente de fuentes renovables equivalente a la que potencialmente producirían estas instalaciones. Las citadas cantidades podrá ser revisada reglamentariamente en función de la evolución de la descarbonización del sistema energético español. 5. El Gobierno establecerá medidas específicas de penetración energías renovables en los sistemas aislados de los territorios no peninsulares en los que no se alcance la mitad de los objetivos globales señalados para las energías renovables. 12

13 Artículo 6. Principios rectores en materia de energía de origen renovable. 1. Conforme a los principios de buena regulación, el Gobierno establecerá un marco normativo estable, predecible, eficiente y claro en la generación de energía procedente de fuentes renovables. Las normas de desarrollo estarán orientadas a la simplificación de cargas y procedimientos administrativos. 2. El régimen retributivo estará fundamentado en un coste sostenible, en concordancia con la evolución tecnológica del sector, de manera que reduzca el coste al consumidor. 3. Se reconoce la primacía en la instalación plantas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes de origen renovable sobre aquellas que empleen otro tipo de tecnologías. 4. La producción de energía eléctrica de origen renovable tendrá prioridad en el acceso y conexión a redes de transporte y distribución del sistema eléctrico. 5. Las instalaciones que estén acogidas al régimen retributivo específico previsto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, podrán permanecer en él. En ningún caso una instalación podrá percibir el régimen retributivo específico y la retribución derivada de los citados instrumentos de concurrencia competitiva. TÍTULO III. REDES ENERGÉTICAS Artículo 7. Planificación de la red de transporte de electricidad. 1. La planificación de la red de transporte regulada en el artículo 4 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico tendrá como uno de sus propósitos el dar cumplimiento a los objetivos del artículo Excepcionalmente, por acuerdo del Consejo de Ministros, previo trámite de audiencia, informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla afectadas y oído el operador del sistema, se podrá proceder a la modificación de aspectos puntuales de la planificación de la red de transporte de electricidad cuando los informes recogidos en los apartados 1 y 2 del artículo 8 se deriven situaciones que impidan lograr los objetivos de implantación de generación con energías de origen renovable. 13

14 Artículo 8. Red de transporte. 1. Los titulares de las redes de transporte de electricidad y gas, con carácter anual, deberán remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un informe de cumplimiento de las inversiones efectuadas el año anterior en el que se refleje el grado de cumplimiento de las planificaciones de las redes de transporte de electricidad y gas. Adicionalmente, dicho informe deberá contener un análisis motivado de los retrasos en las actuaciones planificadas y de las actuaciones que por diversos motivos no puedan ser desarrolladas. 2. El operador del sistema deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un informe en el que evalúe los problemas que los retrasos o desvíos en la ejecución de la planificación de la red de transporte puedan provocar en la operación del sistema y, especialmente, en la integración de generación con energías de origen renovable. Asimismo este informe deberá contener una priorización en las propuestas de actuación que faciliten la integración de la generación con energías de origen renovable. 3. El regulador podrá establecer mecanismos que minoren la de retribución de las empresas titulares de las redes de transporte de electricidad y gas si se producen retrasos no justificados en la ejecución de la planificación de la redes de transporte de electricidad y gas. Artículo 9. Redes de distribución de energía eléctrica cerrada. 1. Se podrá considerar como red de distribución de energía eléctrica cerrada una red que distribuya energía eléctrica en una zona industrial, comercial o de servicios reducida desde el punto de vista geográfico y que no suministre electricidad a clientes domésticos a excepción del uso accesorio por parte de un reducido número de consumidores conectados en baja tensión y con potencias contratadas inferiores a 15 kw con relaciones laborales o mercantiles con el propietario de la red de distribución y situados en una zona abastecida por dicha red y que cumpla además uno de los criterios siguientes: a) Que, por razones técnicas o de seguridad específicas, el funcionamiento o el proceso de producción de los usuarios de dicha red estén integrados. 14

15 b) Que dicha red distribuya energía eléctrica principalmente al propietario o gestor de la red o a sus empresas vinculadas con redes propias. 2. El gestor de una red de distribución de energía eléctrica cerrada, estará obligado a poner a disposición la red privada en caso de que fuera necesario para garantizar el servicio público. 3. Las redes de distribución cerradas deberán abonar los peajes y cargos que les correspondan en el punto frontera de conexión con la red al que se encuentren conectados por la energía suministrada por las redes de transporte y distribución en los términos que se establezcan por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y por el Gobierno. 4. Los pagos para satisfacer los peajes y cargos señalados en el párrafo anterior que los usuarios de una red de distribución de energía eléctrica cerrada deban efectuar al titular de dicha red de distribución cerrada y las metodologías utilizadas para su cálculo serán objeto de aprobación y revisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y el Gobierno respectivamente, a petición de un usuario de dicha red. 5. La empresa distribuidora o transportista a que se conecta la red de distribución cerrada: a) Deberá cumplir con los requisitos de calidad que le sean exigidos por la presente ley y su normativa de desarrollo en el punto o los puntos de conexión. b) No tendrá ninguna obligación legal relativa a la calidad de servicio por las incidencias derivadas de fallos en las instalaciones interiores de la red de distribución cerrada. 6. El gestor de una red de distribución eléctrica será el responsable de la seguridad de la propia red, así como la seguridad de las personas y los bienes y servicios relacionados con la actividad desempeñada. 7. No serán de aplicación a las redes de distribución de energía eléctrica cerradas y sus gestores los siguientes preceptos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: a. El párrafo 1 del apartado 2 del artículo 8, en relación al carácter de actividad regulada y al régimen económico y de funcionamiento de dichas redes. b. El apartado 2.a del artículo 13, en referencia a los peajes de acceso a las redes de distribución de energía eléctrica cerradas. 15

16 c. El apartado 3.a del artículo 13, en relación a la retribución de las actividades de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas. d. El apartado 3 del artículo 14, en relación a la retribución de las actividades de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas. e. El apartado 8 del artículo 14, en relación a la retribución de las actividades de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas. f. El apartado 1.a del artículo 16, en referencia a los peajes de acceso a las redes de distribución de energía eléctrica cerradas en relación a los consumidores conectados a la red de distribución cerrada. g. El apartado 1 del artículo 18, en referencia a los peajes de acceso y cargos del sistema de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas. h. El apartado 2 del artículo 18, en referencia a la no inclusión de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas en el procedimiento general de liquidaciones. i. Los apartados 1.d, 1.f, 1.h), 2.e, y 2.j en lo que se refiere a la retribución de las actividades de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas y 3.a del artículo 40. j. Los apartados 1 y 2 del artículo 41 a excepción su aplicación para los clientes de baja tensión señalados en el apartado 1 del presente artículo. k. El apartado 3 del artículo 51, en referencia a los incentivos y penalizaciones a la retribución de las actividades de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas en función de la calidad de servicio obtenida. 8. Las redes de distribución cerradas deberán ser autorizadas por la Dirección General de Política Energéticas y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica. A tal efecto, el Gobierno desarrollará en el plazo máximo de un año desde la aprobación de esta ley un reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa. Entre los requisitos que establezcan deberán contemplarse, al menos los relativos a la garantía de la seguridad en la operación, la evitación de la fragmentación y redundancia en las redes para alimentar a los consumidores y la minimización del impacto ambiental provocado por las redes. La autorización podrá 16

17 ser revocada si dejan de cumplirse los requisitos que se establezcan para su autorización. 9. El real decreto señalado, adicionalmente podrá regular aspectos relativos a la propiedad de los activos, las condiciones de acceso a las redes de distribución de energía eléctrica cerradas, los tipos de contratos y las obligaciones económicas y técnicas con el sistema eléctrico. Artículo 10. Redes extrapeninsulares. 1. En los territorios no peninsulares se realizará una planificación energética específica que analice las distintas alternativas para cubrir las necesidades de potencia y que proponga la solución técnica, económica y energéticamente más adecuada, estableciendo las prioridades con criterios de seguridad de suministro, diversificación energética, mejora de la eficiencia, y protección del medio ambiente. 2. El desarrollo de las redes de distribución de energía eléctrica de los territorios no peninsulares deberá permitir la integración de la energía renovable a dichas redes. 3. Se promoverá especialmente en los territorios no peninsulares la instalación de sistemas de almacenamiento energético con la finalidad de proporcionar capacidad de gestión y minimizar el desarrollo de nueva red necesaria para la integración de energías renovables en los mismos. TÍTULO IV. TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y COMBUSTIBLES Artículo 11. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, otorgados al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. Asimismo, a partir de la entrada en vigor de esta Ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio 17

18 nacional, incluido el mar territorial, cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen consistente en la inyección en un pozo de m 3 o más de agua por fase de fracturación, o de m 3 o más de agua durante todo el proceso de fracturación. 2. Los titulares de permisos de investigación otorgados antes de la entrada en vigor de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, podrán solicitar concesiones de explotación y sus correspondientes prórrogas siempre que se cumplan los requisitos previstos en su régimen jurídico. 3. Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial, no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá de Cinco años antes del final de la vigencia de una concesión de explotación, y sin perjuicio de los requisitos establecidos en el real decreto de otorgamiento, el operador de la misma presentará ante el Ministerio para la Transición Ecológica un informe reflejando el potencial de reconversión de sus instalaciones o de su ubicación para otros usos del subsuelo, incluida la energía geotérmica, o para otras actividades económicas, en particular el establecimiento de energías renovables. Artículo 12. Subsidios y desinversiones en combustibles fósiles. 1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley queda prohibido el establecimiento de nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles. En el plazo de un año, el Ministerio de Hacienda, previa consulta al Ministerio para la Transición Ecológica, realizará un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los combustibles fósiles, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su consumo. El informe incluirá una propuesta de calendario para su revisión, consistente con los objetivos de descarbonización de la economía previstos en la presente Ley. El calendario de revisión será aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros. 2. La Administración General del Estado y el conjunto de organismos y entidades que conforman el sector público estatal no realizarán nuevas inversiones, de manera directa o indirectamente a través de intermediarios, en participaciones o instrumentos financieros de 18

19 cualquier clase, de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles. En el plazo de dos años, el Ministerio de Economía y Empresa y el Ministerio para la Transición Ecológica elaborarán un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para la Administración General del Estado y del conjunto de organismos y entidades que conforman el sector público estatal para desprenderse de participaciones o instrumentos financieros de empresas que desarrollen las actividades señaladas en el apartado anterior. Artículo 13. Fomento del biometano y de otros combustibles sintéticos de origen renovable. 1. Se habilita al Gobierno a aprobar mecanismos de apoyo al biometano, al hidrógeno y a otros combustibles sintéticos en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable. Dichos mecanismos de apoyo podrán ser financiados con los ingresos regulados del sector del gas natural en los límites que se determine reglamentariamente. 2. Se habilita al Gobierno para aprobar mecanismos de apoyo y regulaciones que permitan la inyección de gases renovables en la red de gas natural. 3. En el plazo de un año, el Gobierno aprobará un sistema de certificados de origen renovable para los combustibles señalados en el apartado anterior. Artículo 14. Fomento de biocarburantes en el transporte aéreo. 1. Se habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte aéreo. 2. Se habilita al Ministerio para la Transición Ecológica a dictar las disposiciones necesarias para regular un mecanismo de fomento de la incorporación de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte aéreo, incluidos los combustibles sintéticos en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable, destinado a lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley. En particular, este mecanismo podrá incluir los tipos de producto con que se deberá cumplir la obligación, los sujetos obligados, un sistema de certificación que permita la supervisión y control de las obligaciones, 19

20 así como mecanismos de flexibilidad que favorezcan la máxima eficiencia en el logro de los objetivos. 3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, los biocarburantes y otros combustibles renovables que se incorporen en el transporte aéreo deberán cumplir con los criterios de sostenibilidad definidos por la normativa europea sobre biocombustibles. TÍTULO V. MOVILIDAD Y EDIFICACIÓN Artículo 15. Promoción de movilidad sin emisiones. 1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. A estos efectos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establecerá para el año 2030 objetivos de penetración de vehículos con nulas o bajas emisiones directas de CO2 en el parque nacional de vehículos según sus diferentes categorías. 2. A partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales. 3. Los municipios de más de habitantes integrarán en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, entre otras: a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo. c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público. d) Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano. e) Medidas para fomentar del uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga. 4. El Gobierno elaborará un estudio sobre el establecimiento de la Euroviñeta, regulada por la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de 20

21 mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, para el transporte terrestre por carretera. 5. Del modo en que se determine reglamentariamente, el Ministerio de Interior recabará de los fabricantes de vehículos pesados nuevos la información relevante que estos deben remitir a la Comisión Europea con arreglo al Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 sobre el seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos. A partir de estos datos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo planteará medidas para la mejora de la eficiencia de los vehículos pesados. Artículo 16. Obligación de instalación de puntos de recarga eléctrica. 1. Los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos con un volumen anual en 2017 agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 10 millones de litros, presentarán un proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas en un plazo de nueve meses, con el fin de instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw, debiendo ejecutarse y prestar servicio en los siguientes doce meses a partir de la fecha de presentación del proyecto. La energía eléctrica suministrada para la recarga deberá tener garantía de origen renovable. 2. Los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos con un volumen anual en 2017 agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior a 5 millones de litros e inferior a 10 millones de litros, presentarán un proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas en un plazo de quince meses, con el fin de instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw, debiendo ejecutarse y prestar servicio en los siguientes doce meses a partir de la fecha de presentación del proyecto. La energía eléctrica suministrada para la recarga deberá tener garantía de origen renovable. 3. En el caso de que en una provincia, Ciudad Autónoma o isla no exista ninguna instalación de suministro de combustibles y carburantes a vehículos que cumpla con las condiciones establecidas en los apartados primero o segundo, los titulares de las instalaciones que, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas anuales agregadas de gasolina y gasóleo, conjunta o individualmente alcancen al menos el 10% de las ventas anuales 21

22 totales en las citadas áreas geográficas, presentarán un proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas, en un plazo de quince meses a contar desde la publicación del listado de instalaciones obligadas, con el fin de instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw de origen renovable, debiendo ejecutarse y prestar servicio en los siguientes doce meses a partir de la fecha de presentación del proyecto. 4. La Dirección General de Política Energética y Minas mediante resolución publicará el listado de instalaciones obligadas a cumplir con las obligaciones del apartado tercero. 5. La presentación del proyecto a la Dirección General de Política Energética y Minas, que deberá abarcar las condiciones técnicas de la actuación y un presupuesto económico, será a efectos únicamente de satisfacer el requisito establecido en los apartados anteriores, no eximiendo a los titulares de cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad industrial y la obtención de las autorizaciones necesarias ante las administraciones competentes para la ejecución del proyecto y la prestación de los nuevos servicios. 6. En el caso de concesiones en redes estatales, las obligaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo serán satisfechas por los concesionarios de las mismas, quienes deberán presentar un plan al otorgante sobre el despliegue de servicios de recarga eléctrica, garantizando un número adecuado de puntos de recarga y reabastecimiento. 7. Las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores no serán de aplicación en caso de que los accesos y espacios sean insuficientes, por razones de seguridad conforme a la normativa contra incendios, estando exclusivamente limitada a las instalaciones ya autorizadas en la fecha de entrada en vigor de esta disposición. Esta condición deberá ser justificada por el titular de la instalación y verificadas, justificadas y certificadas por un auditor independiente, remitiéndose el correspondiente informe a la Dirección General de Política Energética y Minas antes del 31 de diciembre de Sin menoscabo de la obligación para los titulares de las instalaciones establecida en los apartados primero, segundo y tercero, las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación parcial o total de las actuaciones necesarias para su cumplimiento. 22

23 9. Por Orden de la Ministra para la Transición Ecológica se podrán modificar los criterios de cantidades vendidas e imposibilidades técnicas definidos en los apartados anteriores. Artículo 17. Eficiencia energética en materia de urbanismo y edificios. 1. Las medidas de la Adminstración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, en materia de urbanismo y vivienda priorizarán la rehabilitación del parque de viviendas, la mejora del ahorro y la eficiencia energética, el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, los edificios de consumo energético casi nulo y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 2. El Gobierno fomentará la renovación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar edificios de alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050, garantizando la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de al menos viviendas al año de media entre 2021 y Para ello: a) Desarrollará, en el ámbito de sus competencias y sin perjuicio de las de las Comunidades Autónomas, una Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, que se integrará en el PNIEC, donde se establecerán los objetivos de eficiencia energética del sector. Dicha estrategia tendrá como objetivos, entre otros, los siguientes: 1. la reducción de la demanda energética del edificio, mediante la mejora de su envolvente exterior y la mejora de las instalaciones de los sistemas de climatización, agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico. 2. el ahorro energético mediante la modificación de los patrones de consumo de energía por parte de los usuarios. 3. el incremento en la utilización de fuentes de energía renovables que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable del edificio. 4. la mejora de la gestión energética del edificio, mediante la instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética, así como de contadores y, en su caso, repartidores de costes energéticos para instalaciones centralizadas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. 23